Después de más de un año de retraso, finalmente fue aprobado  el pasado 15 de abril de 2011 por el Consejo de Ministros el Reglamento de Extranjería que desarrolla la Ley Orgánica 2/2009, la cual lejos de ofrecer soluciones reales a los principales problemas que la inmigración plantea, lo que hace es delegarlos a las Comunidades Autónomas, que a su prudente arbitrio tendrán la potestad, entre otras cosas, de emitir los informes de integración que serán requeridos  para los diferentes trámites que los exijan, facultándolos además, para establecer criterios de valoración tanto para la renovación como para tramitar por vía excepcional el arraigo social y la reagrupación familiar, generando con ello mayor incertidumbre e inseguridad jurídica,  pues nos encontraremos en la práctica que cada CCAA tendrá sus propios criterios para valorar cada solicitud, pese a que existe un reglamento y una ley común.